miércoles, 31 de agosto de 2011

EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVCIOS POSTALES

Derecho de información sobre los servicios postales.
Todos los operadores postales, incluido el operador designado para prestar el servicio postal universal, deberán informar a los usuarios, de manera completa, veraz y puntual, de los servicios postales que presten, y pondrán a su disposición toda la información relativa a las condiciones de acceso, precio,
nivel de calidad, e indemnizaciones y plazo en el que serán satisfechas, así como las normas técnicas que resulten aplicables.
Asimismo informarán de los procedimientos y medios de reclamación que tengan establecidos, y de los recursos que procedan.
La información a la que se refiere este artículo se publicará en todo caso en el sitio web de la Comisión Nacional del Sector Postal. Asimismo, los operadores podrán publicarla en su propia web o en las oficinas o puntos de atención al usuario.
A petición de los usuarios de los servicios la mencionada información será facilitada, por escrito o a través de cualquier otro medio que reglamentariamente se establezca.

4.800.000 EUROS, CUESTIÓN DE COMPETENCIA

Cuatro millones ochocientos mil euros.

Este es el importe de la multa que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en una Resolución de 23 de agosto de 2011, acaba de imponer a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por incumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa postal en 2005, en relación con el aseguramiento de que los precios de Correos, una vez aplicados los descuentos correspondientes a los contratos con Grandes Clientes, en cualquier caso cubrirían los costes reales de prestación del servicio. 

De la información facilitada por la CNC se desprende que la Dirección de Investigación de este órgano independiente ha detectado estos incumplimientos en 32 de los 207 contratos en 2008 y en 33 del 204 contratos en 2009.
  
El caso es que los motivos de la presente sanción no son ajenos a aquéllos que en el año 2004 ya concluyeron con la imposición a Correos de otra multa, en aquella ocasión por importe de 15 millones de euros como consecuencia de la denuncia realizada por ASEMPRE (Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia), al constatar entonces el Tribunal de Defensa de la Competencia (órgano predecesor de la actual CNC) "una conducta abusiva de posición de dominio con el otorgamiento de importantes descuentos a determinados clientes",

Entre los clientes "beneficiados" figuraban el BBVA, la Caixa de Catalunya, Unicaja, el Banco de Sabadell y el Banco Zaragozano-Barclays. 






No me atrevo a calificar la situación actual de "reincidencia" pero huele a eso. Correos recurrirá, o no.





martes, 30 de agosto de 2011

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA LEY POSTAL


Poca tinta dedica la Ley Postal a este derecho de los usuarios. Invocando la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), establece que los operadores que presten servicios postales no podrían facilitar ningún dato relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario, ni a sus direcciones.

La obligación de protección de los datos incluirá el deber de secreto de los de carácter personal, la confidencialidad de la información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad.

Si acaso mencionar también la breve referencia que se hace al Censo Promocional en su disposición final segunda sólo para indicar que "la Comisión Nacional del Sector Postal, en colaboración con los organismos competentes, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, adoptará las medidas necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del censo promocional a que se refiere el artículo 31 de Ley Orgánica de Protección de Datos".



El Censo Promocional, cuya creación se prevé en la LOPD, se caracteriza por ser una fuente de información accesible al público.
El artículo 31 de la ley habilita a quienes realizan actividad de recopilación de direcciones, publicidad, prospección comercial u otras actividades análogas, a obtener de una copia del Censo Promocional, formado con los datos de nombre, apellidos y domicilio que constan en el Censo Electoral.
De este modo, ciertos datos del Censo Electoral pasarían a ser de acceso público.
El artículo 28 reglamenta que los datos personales que figuren en el Censo Promocional deben limitarse a los que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado.
Sin embargo, los interesados tendrán derecho a exigir gratuitamente la exclusión de la totalidad de sus datos personales que consten en el censo promocional.

Dejo aquí el tenor literal del artículo 31 de la LOPD
  • Quienes pretendan realizar permanente o esporádicamente la actividad de recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial u otras actividades análogas, podrán solicitar del Instituto Nacional de Estadística o de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas una copia del censo promocional, formado con los datos de nombre, apellidos y domicilio que constan en el censo electoral.
  • El uso de cada lista de censo promocional tendrá un plazo de vigencia de un año. Transcurrido el plazo citado, la lista perderá su carácter de fuente de acceso público.
  • Los procedimientos mediante los que los interesados podrán solicitar no aparecer en el censo promocional se regularán reglamentariamente. Entre estos procedimientos, que serán gratuitos para los interesados, se incluirá el documento de empadronamiento. Trimestralmente se editará una lista actualizada del censo promocional, excluyendo los nombres y domicilios de los que así lo hayan solicitado.
  • Se podrá exigir una contraprestación por la facilitación de la citada lista en soporte informático.
 

"MENOS LA CONTRARIA, LE LLEVAMOS TODO"

Perdonen que para dar título a esta entrada haya recurrido a un eslogan creado por un empleado de Correos, al final de los años 90, con el que concurrió a un "Concurso de Ideas" convocado en aquellas fechas por la empresa postal, en su tránsito de Organismo Autónomo de carácter comercial a su conversión en Entidad Pública Empresarial y con el que obtuvo el primer premio otorgado por un jurado constituido al efecto. 

Aunque uno, descubre ahora que pasado el tiempo alguna otra empresa privada de transportes, distinta de Correos, ha utilizado aquel premiado eslogan en alguna de sus campañas publicitarias, sin que por cierto, en este caso, haya obtenido el aplauso unánime de los analistas del marketing.


El caso es que, con el pensamiento puesto principalmente en quienes esperan la convocatoria de un examen de ingreso en Correos, sólo pretendo con esta introducción dejar aquí la enumeración de los objetos cuya circulación por Correos está prohibida a la luz del Reglamento de Prestación de los Servicios Postales, por motivos de seguridad, de sanidad pública, utilidad general y de protección del servicio postal universal.

En fin, dicen los argumentarios comerciales que a los clientes no se les debe llevar la contraria, pero tampoco se les permitirá enviar "todo" a través del servicio postal.

Estos son los OBJETOS PROHIBIDOS:

1.   Los productos sometidos a régimen de reserva y no provistos de autorización especial para circular por la red postal.
2.   El opio y sus derivados, la cocaína y demás estupefacientes y sustancias psicotrópicas, salvo si se envían con fines medicinales y acompañados de autorización oficial.
3.   Los envíos cuya envoltura o cubierta contenga textos o dibujos que vulneren cualquiera de los derechos fundamentales de la persona.
4.   Los envíos de armas, conforme a lo establecido en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
5.   Las materias explosivas, inflamables y otras peligrosas, salvo las biológicas perecederas, intercambiadas entre laboratorios oficialmente reconocidos, y las radiactivas depositadas por expedidores debidamente autorizados.[1]
6.   Los animales vivos, sin estar provistos de una autorización especial o ser intercambiados entre instituciones oficialmente reconocidas.
7.   Los objetos cuyo tráfico sea constitutivo de delito.
8.   Los objetos cuya naturaleza o embalaje puedan constituir un peligro para los empleados de los operadores postales que los manipulan o causar deterioro a otros envíos.
9.   Los objetos cuya admisión o circulación esté prohibida en el país al que van destinados.
10. Los objetos cuya circulación esté prohibida en España,con arreglo a la normativa en vigor.
11. Los que se determine en convenios internacionales en los que España sea parte signataria.


[1]A estos efectos, se considerarán materias o sustancias radiactivas las que sobrepasen los límites establecidos en la legislación sobre energía nuclear y sobre transporte de mercancías peligrosas, y será preceptivo que, en su traslado y embalaje, se cumplan las disposiciones de la Ley 25/1964, de Energía Nuclear, del Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, de las normas reguladoras del transporte de mercancías peligrosas y demás normas específicas que resulten aplicables.

domingo, 28 de agosto de 2011

EL ENVÍO POSTAL, IGUAL QUE EL DOMICILIO, ES INVIOLABLE

Aunque el artículo 18 de la Constitución Española, como veíamos en la entrada anterior, sólo hace una referencia expresa al secreto de las comunicaciones postales en su punto tercero (art. 18.3), qué duda cabe que todo este artículo gira en torno al valor de la intimidad personal y familiar, y todo su contenido, por tanto, encuentra cabida en el ámbito de las comunicaciones postales.

Nos habla la Constitución del derecho a la inviolabilidad del domicilio y en los mismos términos podría haberse expresado respecto de la inviolabilidad de la correspondencia y de los envíos postales.

"El domicilio es inviolable", dice la Constitución:

Dice también la Constitución que "ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

En términos románticos esto lo veía así Lord Chattam: 

“La casa de cada hombre es su fortaleza, no porque la defiendan un foso o una muralla, podría ser una cabaña de paja y el viento rugir alrededor, y la lluvia penetrar en ella, pero el Rey NO.”

Ninguna intervención, por tanto, podrá realizarse tampoco sobre la correspondencia, si no es en circunstancias idénticas o equivalentes a las fijadas para la "entrada en un domicilio".

Nos movemos en el ámbito de la intimidad y de la privacidad y es bueno conocer el alcance del concepto "violación" aplicado a los envíos postales:

Será en todo caso violación,:

-su detención arbitraria o contra derecho,
-su intencionado curso anormal,
-su apertura ilegal
-su sustracción,
-su destrucción,
-su retención indebida 
-su ocultación y
-cualquier acto de infidelidad en su custodia

Los operadores postales deberán cumplir con el deber de fidelidad en la custodia y gestión de los envíos postales.

Los envíos postales sólo podrán ser detenidos o interceptados y, en su caso, abiertos por resolución motivada de la autoridad judicial conforme a la ley.

La Ley Postal acota la legítima intervención de la Comisión Nacional del Sector Postal, en sus funciones inspectoras  indicando que sólo podrá intervenir los envíos postales, cuando existan sospechas fundadas de que contienen un objeto prohibido o que no se ajusten al contenido declarado en su sobre o cubierta, siempre que sea preceptiva su previa declaración. 

El alcance de esta intervención, en los envíos que contengan documentos de carácter actual y personal, quedará limitado al reconocimiento externo, visual o mediante máquinas, tanto de los envíos como de la documentación que los acompañe, y no afectará en ningún caso al secreto e inviolabilidad de los envíos postales. Se garantizará la destrucción inmediata de las imágenes tomadas.

No podemos pasar por alto el hecho de que con cierta ambigüedad y sin ninguna precisión la Ley Postal deja al  margen de las disposiciones anteriores el ejercicio de las facultades de control reconocidas legalmente a determinados funcionarios en el marco del ejercicio de sus funciones de inspección, como las sanitarias, aduaneras, de prevención de blanqueo de dinero o de seguridad o cualesquiera otras establecidas en la normativa sectorial, con el fin de detectar la presencia de productos prohibidos.

Recurrimos al Real Decreto 1.829/1999, Reglamento de Prestación de los Servicios Postales, aún vigente, con alguna adaptación de autoría propia a la nueva Ley Postal, para encontrar alguna mayor  concreción respecto de los supuestos de intervención  de los envíos potales que no afectan a la inviolabilidad de los mismos:
 
Ni los funcionarios de la Subsecretaría de Fomento Comisión Nacional del Sector Postal ni los de los servicios aduaneros podrán conocer el contenido de los envíos postales, debiendo respetar el derecho al secreto, la intimidad y la inviolabilidad de la correspondencia. Se excepcionan los envíos que no contengan documentos de carácter actual y personal como la publicidad directa, los libros, los catálogos, las publicaciones periódicas, así como los paquetes postales en los que proceda su inspección por motivos de seguridad pública u orden público y no se haya puesto de manifiesto expresamente que contienen objetos de carácter personal.
A estos efectos, deberán acondicionarse dichos envíos, de tal forma que sea posible su apertura y cierre para facilitar la inspección de su contenido.
No se procederá al examen del contenido de los envíos postales cuando de su forma o simple examen exterior se deduzca con exactitud la naturaleza de su contenido.
En el caso de envíos de cartas que contengan comunicaciones de carácter actual y personal y de paquetes postales, siempre que en estos últimos se haya puesto de manifiesto expresamente que contienen objetos de carácter personal, será necesario recabar autorización expresa del remitente o, en su defecto, del destinatario para que los funcionarios de la Subsecretaría de Fomento Comisión Nacional del Sector Postal o de los servicios aduaneros conozcan el texto o contenido de los mismos.

Si no existiera la citada autorización expresa será necesaria la oportuna orden judicial, pudiendo quedar mientras tanto el envío interceptado en poder de la Subsecretaría de Fomento Comisión Nacional del Sector Postal o de la aduana respectivamente durante el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se solicita dicha orden.
Los paquetes postales a los que se refiere este apartado deberán acondicionarse de forma tal que se facilite a los servicios de inspección postal la comprobación de su contenido, sin necesidad de la extracción del objeto.
Sometimiento de los envíos postales a la fiscalización de los Servicios Aduaneros
Los operadores postales someterán a la fiscalización de los Servicios Aduaneros los envíos de importación y exportación prohibidos, así como los que se hallen sujetos al pago de derechos y a la observancia de formalidades de entrada o salida.
Cuando por cualquier operador postal que intervenga en la manipulación o curso de los envíos, se observe la presencia de alguno procedente del extranjero o de puntos situados en puertos francos sometidos a un régimen aduanero distinto del de la Península y que, según las disposiciones vigentes, deba ser objeto de reconocimiento previo a su entrega al destinatario, se consignará por la administración de aduanas en la cubierta de aquél, de modo bien visible, la indicación de “Intervenido. A reconocer por el Servicio Aduanero”.


sábado, 27 de agosto de 2011

EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES POSTALES Y SUS LÍMITES



El artículo 18.3 de la vigente Constitución española garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

El derecho al secreto de las comunicaciones es uno de los dieciséis derechos fundamentales reconocidos por la norma suprema.

La Ley Postal no podía ser ajena a este reconocimiento y así lo incluye en su artículo 5, expresándose en los siguientes términos:

"Los operadores postales deberán realizar la prestación de los servicios con plena garantía del secreto de las comunicaciones postales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución Española y en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal"

En términos generales por tanto, sólo una resolución judicial podrá limitar esta garantía constitucional.

Así se pronuncia el artículo 579 de la Ley de Enjuciamiento Criminal:

1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.
4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.
Siendo así, no obstante existen otras previsiones constitucionales que pueden suponer limitaciones de este derecho.



Hablamos de la suspensión temporal de derechos previstas en la CE para las situaciones excepcionales del artículo 116 de la CE referidas a los estados de alarma, excepción y sitio, cuya regulación se produjo a través de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Esta ley en su artículo 18 establece que cuando la autorización del Congreso para la declaración del estado de excepción comprenda la suspensión del artículo 18.3, de la Constitución, la Autoridad Gubernativa podrá intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. La intervención decretada será comunicada inmediatamente por escrito motivado al juez competente. 

Tampoco podemos ignorar la previsión constitucional de la suspensión a titulo individual de este derecho, contenida en el artículo 55.2 de la CE, al que también hace alusión la Ley Postal, y que dispone que:

«Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigación correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas».

viernes, 26 de agosto de 2011

CORREOS, LA ALTERNANCIA EXPONENCIAL

Efectivamente, tal como anunciábamos ayer, el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., ha procedido en el día de hoy al nombramiento de Ángel Agudo San Emeterio como nuevo presidente de Correos ocupando la vacante dejada por Alberto Lafuente el pasado mes de julio 

Con este último nombramiento ya son seis los presidentes que han desfilado por la empresa pública postal desde que la nueva Compañía comenzara su andadura allá por julio de 2001 como Sociedad Anónima de titularidad pública.

Tan sólo diez años de “vida empresarial”, pero, eso sí, muy ajetreados por los vaivenes políticos, las alternancias, las recolocaciones y los empujones desde dentro de los propios partidos de turno. 

Los resumo:

Alberto Núñez Feijóo, padrino y tutor inicial del nacimiento de la Compañía, durante el Gobierno del PP, dejó Correos en 2003 al ser designado Consejero de Política Territorial de Comunidad Autónoma de Galicia. En el año 2000 había sustituido a José Ramón Esteruelas, último director de la entonces Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, antes de su transformación en Sociedad Anónima Estatal. Hoy como sabemos Núñez Feijóo rige los destinos de la Xunta.

Alberto Núñez Feijóo (2000-2003)

Su sucesor en la presidencia de Correos, Víctor Calvo-Sotelo, sólo resistió apenas un año; la derrota del PP en las elecciones de marzo 2004 y la consecuente formación del Gobierno del PSOE, provocó su inmediato relevo en mayo del mismo año, accediendo al cargo José Damián Santiago Martín, hasta entonces integrado profesionalmente en el Grupo Altadis.


Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (2003-2004)

José Damían Santiago Martín (2004-2008)

En noviembre de 2008, en el marco de una serie de recolocaciones en cadena producidas en el Ministerio de Fomento y de Economía y Hacienda, Sixto Heredia, presidente a la sazón de la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, asume la presidencia de Correos, sustituyendo a J.D. Santiago Martín, que pasó a ocupar el cargo de Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. No podemos decir que la presidencia de Sixto Heredia fuese muy duradera, porque en mayo de 2010 fue “trasladado” a la Embajada de España en Portugal como consejero de Finanzas.

Sixto Heredia Herrera (2008-2010)

Alberto Lafuente, hasta entonces Consejero-Director General de Sistemas Técnicos de Loterías del Estado, fue el nuevo elegido para el desempeño de la presidencia del operador postal público. Poco tiempo ha pasado desde mayo del pasado año hasta el 17 de julio del presente en el que la Comisión Nacional de la Energía le ha acogido como presidente, de la mano del Ministro Sebastián.   

Alberto Lafuente Félez (2010-2011)

A partir de hoy, viernes 26 de agosto de 2011, la presidencia de Correos tiene un nuevo nombre: Ángel Agudo.

Ángel Agudo, actual presidente de Correos (agosto 2011)
Foto Europa Press

jueves, 25 de agosto de 2011

EL NUEVO PRESIDENTE DE CORREOS FUE UN TIEMPO CARTERO RURAL...SÓLO UNOS MESES

Según todas las previsiones, a partir de mañana viernes 26 de agosto de 2011, Ángel Agudo, será el nuevo presidente de Correos, pasando a ocupar así el sillón que el pasado 17 de julio dejara vacío Alberto Lafuente, incorporado desde entonces a la Comisión Nacional de la Energía.



Autor foto: Andrés Fernández

En el curriculum del que será nuevo presidente de Correos, si así se confirmara mañana en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como última experiencia político-laboral figura la de Consejero de Economía de la Comunidad de Cantabria, cargo que ejerció hasta el momento del cambio de Gobierno producido en la región tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo.

Ángel Agudo, ha comentado que -"paradojas de la vida"-, su primer empleo, allá por la década de los 70 (siglo XX), fue el de cartero rural y aclara que aquel contrato laboral fue sólo por tres meses, concretamente en las zonas de Quijas y Gobardo, o sea una interinidad corta, aunque con nuevo período también corto de renovación en el área de Torrelavega.

Los más mal pensados podrían ver cierto paralelismo entre aquella interinidad y la que podría repetirse en su nuevo contrato político, ahora en la categoría de "presidente de la Compañía", tal como soplan los vientos de la alternancia política de cara a los anunciados comicios para el próximo 20 de noviembre.

Aunque es bien conocido que los vientos, a veces de forma inesperada, o no, pueden cambiar su dirección. 

Sigo creyendo que los 63.000 empleados de Correos, los usuarios de los servicios postales y la sociedad en general merecen ver el futuro del servicio postal de España de forma más transparente, y no parece que tantas provisionalidades y vaivenes en la presidencia contribuyan a ello.  

No voy a descartar que allá por finales de este año tenga que titular una nueva entrada con este redactado:

"ÁNGEL AGUDO FUE UN TIEMPO PRESIDENTE DE CORREOS...SÓLO UNOS MESES"

Vale, es un futurible.

miércoles, 24 de agosto de 2011

LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES

Recordemos que entre las definiciones recogidas en la Ley Postal, a las que me refería en la anterior entrada, figura la correspondiente a USUARIO de los servicios postales, considerándose como tal tanto a los remitentes como a los destinatarios que se benefician de los mismos. 

Con el pensamiento especialmente puesto en quienes esperan la convocatoria de una prueba de ingreso en Correos, entiendo oportuno limitarme en esta entrada a enunciar los derechos que la ley reconoce a los usarios de los servicios postales, de forma que a través de varias lecturas puedan ser recordados con mayor facilidad.

La mayoría se manifiestan como muy obvios, por ser extensión de derechos constitucionales; algunos afectan en mayor medida a los remitentes, otros son más relevantes para los destinatarios, pero en cualquier caso son derechos de unos y otros. 

Son 15. Estos:

ü Garantía del secreto de las comunicaciones postales.
ü Garantía de la inviolabilidad de los envíos postales.
ü Derecho a la protección de datos.
ü Derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad.
ü Derecho de información sobre los servicios postales.
ü Derecho de reclamación.
ü Derecho de denuncia.
ü Derecho a percibir indemnización.
ü Derecho a la propiedad de los envíos postales.
ü Derecho de presentación de escritos dirigidos a las Administraciones Públicas.
ü Derecho a la identificación del operador.
ü Derecho a la prueba de depósito y entrega de los envíos certificados.
ü Derecho de reexpedición y rehúse de los envíos postales.
ü Derecho a la protección de los envíos no entregados.
üDerechos a la información y presentación de reclamaciones, denuncias y escritos de las personas con discapacidad.